Sin dejar muy de lado el aporte ético que siempre se ha hecho a cerca de la vil práctica de encerrar a una persona, de secuestrarla y privarla de todo placer, abordaré el tema de la cárcel como estructura que mantiene al capitalismo vivo. Y es que, por cualquier aspecto que se le mire, la cárcel vista desde una óptica anarquista es tan criticable como destructible, incluidas las llamadas “cárceles del pueblo”, que son una propuesta que en estos días que corren sigue vigente y que muchos anarquistas estúpidamente reivindican como tal.
Intentando caer en lo más mínimo en un análisis economicista, con grandes cifras y cosas como esas, hablaré un poco sobre la cárcel y quienes la rigen en la actualidad, esperando que este artículo sea más práctico que teórico.
Para dar pie a este breve artículo, afirmaría que la cárcel es una mega empresa la cual ya no puede ser reducida a una estructura piramidal encabezada tradicionalmente por el director de tal o cual centro de reclusión; y en algún punto afirmaría que ya ni siquiera son los hombres del Estado quienes las controlan en su totalidad. Visiblemente puede que sea así, pues hay secretarías y subsecretarías que se encargan de gestionar el gran capital que representa la manutención de una cárcel, que en conjunto con psicólogos y criminólogos a su servicio se encargan de crear los nuevos métodos de control social al interior de las cárceles. Las secretarías y subsecretarías son en sí, centros de gestión de esa gran empresa que está conformada por muchos y diversos colaboradores que van desde sus simples “empleados”, sus pequeños inversores y hasta su gran inversor que hasta hace unos años era el mismo Estado. Y no es que aún no lo siga siendo, solamente que el mando y la responsabilidad de encerrarnos bajo llave se ha ampliado ahora, hasta el llamado “sector privado” y sus empresas colaboradoras.
La necesidad de encierro masivo corresponde también con la necesidad de inflar los bolsillos de los inversores, al mismo tiempo que con la necesidad que tiene el Estado de mantener “el orden y la paz social”. Y esto va indiscutiblemente unido al aumento de la pobreza y de la criminalidad en los barrios periféricos de las grandes ciudades. Todo son cifras y números que se entrelazan entre sí con las relaciones de poder impuestas. El mundo en su mayoría funciona de esa manera, todo es mercancía utilizable para seguir haciendo crecer a los capitalistas, a las grandes empresas y corporativos que en sí son los dueños de las “nuevas cárceles”, como por mucho tiempo lo han sido de las metrópolis que en un panorama general son exactamente lo mismo.
Por ejemplo, al mismo tiempo que el Estado necesita de justificar su labor contra la delincuencia ante una sociedad que lo demanda, este ofrece cifras, y muchos números de presos en las cárceles, para lo cual necesita de redadas policiales masivas en los barrios; mientras que los inversores siguen ganando. No por nada, a los policías del Distrito Federal se les da un bono de 500 pesos por cada persona que presentan en el ministerio público y un bono de mil pesos por cada persona de esas que llega a pisar una cárcel acusada de cualquier delito. Lo mismo podríamos argumentar al respecto del endurecimiento de las leyes y de los agravios conjuntos a esos delitos, lo cual corresponde a una necesidad de encierro masivo, de cifras para que el capital de los inversores de las cárceles privadas (CEFERESOS) siga en función.
Entre 1994 y 2012 (año en el cual se terminaron de construir la mayoría de los CEFERESOS de máxima seguridad) la población carcelaria en México se triplicó, pasando de 86,000 a 231,510 presos. Actualmente hay 233,537 presos en todo el país.
¿Pero, que es un CEFERESO?
Para ampliar un poco el panorama diré que los Centros Federales de Readaptación Social son cárceles federales denominadas de mediana y alta seguridad para personas sentenciadas y presuntas responsables de delitos del fuero federal y del fuero común clasificadas como de alta peligrosidad. Se trata de unas estructuras ultra controladas con tecnología de punta, “además de los sensores y detectores, se usan inhibidores de señales que imposibilitan el funcionamiento de un teléfono celular. Cada CEFERESO, en teoría, cuenta con 1.200 cámaras de vigilancia instaladas en todos los módulos de cada penal, conectados a un centro con 60 monitores; un equipo para ingreso controlado por rayos X, escáneres y detección molecular de drogas; un cableado estructurado con fibra óptica para transporte e información de voz, datos e imagen; unos lectores biométricos para el control y registro facial, de voz, huellas dactilares y tomas de ADN de los internos etc.”
Tras la independencia de México por medio siglo el sistema judicial y el sistema penitenciario fueron una continuidad de los heredados del régimen colonial. Es hasta la Reforma en los años 50s del siglo XIX, con la nueva constitución que se funda un nuevo sistema judicial y penitenciario. Tras ello, los presos considerados peligrosos eran recluidos en la cárcel de San Juan de Ulúa en el puerto de Veracruz.
En 1905 se funda la Colonia Penal Federal de las Islas Marías y a partir de entonces ahí son recluidos los presos federales considerados “Incorregibles, de difícil trato y manejo”, entre los que regularmente se encontraban los presos subversivos.
A partir de 1971 cambió el estatuto de la Colonia Penal Federal Islas Marías, donde hasta ese momento se recluía a los presos del fuero federal calificados como de alta peligrosidad. Con la nueva Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, las Islas Marías pasan a recibir sólo presos sentenciados con un bajo perfil de capacidad criminal y peligrosidad.
Los 20 años siguientes los presos del fuero federal, incluidos los etiquetados como de alta peligrosidad, purgarán sus penas en los penales estatales.
En el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) se planeó la fundación de un sistema de penales federales para presos considerados de alta peligrosidad que serían recluidos bajo un régimen de alta seguridad.
En 1991 empezó a funcionar el primer Centro Federal de Readaptación Social, CEFERESO, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Aunque al principio se planteó como un penal para presos sentenciados del fuero federal y del fuero común, rápidamente al año siguiente empezó a recibir a reclusos bajo proceso. En el sexenio de Calderón (2006-2012) se planeó la fundación de 14 nuevos CEFERESOS, que incluía la construcción de 8 de ellos por la iniciativa privada y 6 más con fondos del Estado.
El 24 de marzo de 2013 Manuel Mondragón y Kalb, que en ese tiempo fue el comisionado nacional de seguridad, anunció la construcción de otras diez prisiones de máxima seguridad con inversión de la iniciativa privada, con lo que el sistema penitenciario federal tendrá una capacidad de recluir hasta a 75 mil presos. Mondragón y Kalb señaló que en el 2013 ya operaban 13 CEFERESOS, 12 para hombres y uno para mujeres, otros seis están en construcción, lo que totalizaría 19 CEFERESOS, más los otros 10 que planean construir en este sexenio totalizarían 29 CEFERESOS. De esos 18 en total serían construidos y concesionados sus servicios a la iniciativa privada.
El personal de estos nuevos CEFERESOS que constituyen de hecho un nuevo sistema penitenciario federal, está siendo capacitado por personal estadounidense con fondos de la Iniciativa Mérida, primero en territorio estadounidense y luego en territorio mexicano.
Las nuevas cárceles crean la demanda
En la gran empresa que representa la cárcel todos ganan, porque simplemente la idea actual de la cárcel, además de seguir estando fundada sobre la lógica del castigo, está fundada también en la acumulación capitalista, sobre la mercancía: en el poder económico.
En las cárceles del Distrito Federal por ejemplo, un preso tiene que pagar entre cinco y diez pesos de lista al día, más la cuota por recibir visitas que varía entre setenta y cien pesos, más tres pesos de vigilancia, entre otras cosas. El dinero que a vista de todos va a los bolsillos de los custodios, en realidad es una cuota que va a parar en primera instancia en manos de los técnicos penitenciarios, para llegar a final de mes a manos de la administración.
Según las declaraciones de Mayela Almonte Solís, subsecretaria del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, en referencia a los CEFERESOS, para que la prisión no sea “una carga millonaria para el erario los internos deben producir, comercializar y hasta exportar productos, así como “bancarizar sus ingresos”. Seiscientos dieciocho pesos es la cantidad de dinero a la que tiene derecho cada preso por mes para gastar o guardar en una especie de banco del propio sistema. Una forma de obtener dicha cantidad de dinero es vendiendo algún mueble fabricado dentro de los talleres, o bien, cuando algún familiar envía dinero a la administración del lugar que se encarga de guardarlo para después entregarlo mediante una tarjeta. Dicho dinero se puede gastar únicamente los fines de semana cuando los presos tienen derecho a comprar unas “sabritas, una coca o un gansito”.
Todo es plusvalía, se gana y se pierde, los números bajan cuando tienen que bajar y suben cuando tiene que subir. Es por eso mismo que desde que comenzó la guerra contra el narco (una guerra bien dirigida también contra la insurgencia subversiva), aumentó la construcción de cárceles federales, muchas provenientes de capital privado. Todo es una sola cosa, el aumento de la criminalidad misma que provoca el sistema demanda la construcción de grandes cárceles, y la construcción de cárceles privadas demanda más criminalidad.
¿Y quiénes son en gran medida los “otros” responsables de nuestro encierro?
Así como en las grandes cárceles que llamamos ciudades hay unos cuantos que se benefician de nuestro hacinamiento, en el sistema penitenciario también los hay.
Como bien sabemos, el mismo Estado-Capital es el gestor de todo o casi todo lo que funciona y no funciona en su sistema; si necesita más delincuencia para justificar la militarización, aumenta la pobreza; si necesita limpiar su imagen, oculta lo que sucede. Es ahí, en esas necesidades del sistema donde confluyen empresarios como Carlos Slim, Olegario Vázquez Raña y las familias Hank y Quintana quienes han construido prisiones.
Carlos Hank González, presidente del Grupo Financiero Interacciones, ya tiene bajo su control el Centro de Reclusión Estatal de Ciudad Valles, San Luis Potosí. También financió dos cárceles en el Distrito Federal. Carlos Slim, dueño de Telmex y uno de los hombres más ricos del mundo, tampoco quiere quedarse fuera del negocio carcelario, firmó un acuerdo para participar en la construcción de dos prisiones: una en Morelos y otra en Chiapas. Olegario Vázquez Raña, dueño del periódico Excélsior y de la cadena de hospitales Ángeles, también participa en el negocio por medio de su empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana, la cual construye cárceles en Durango y Michoacán.
En el negocio de las cárceles, que como hemos visto ya, el Estado ha dado parte de la responsabilidad de encerrarnos a los grandes empresarios que ahora son nuestros nuevos carceleros, no solo figuran los nombres de estos magnates. Sean públicas o privadas, las cárceles son una gran empresa, de la cual también se benefician empresas constructoras, empresas de alimentación, empresas de seguridad privada y que por lo mismo, adquieren la misma responsabilidad en formar parte de la estructura del encierro.
Algunas empresas y compañías responsables y participantes en el mundo de la cárcel son principalmente ICA, Tradeco, Arendal, La Nacional y La Peninsular entre otras. Construyen prisiones federales y estatales en el Distrito Federal, Coahuila, Chiapas, Durango, Morelos, Guanajuato, Sonora y Michoacán. Pedro Aspe se encarga de diseñar proyectos de inversión carcelaria con su empresa Protego Asesores.
Por ejemplo, las nuevas cárceles privadas que han sido construidas a un costado del reclusorio norte en el Distrito Federal, fueron edificadas por las empresas Infraseg Sapi y Cevasegi. Ambas empresas obtuvieron una concesión de 12 años para administrarlas. El gobierno capitalino les pagará a las empresas una renta mensual cuyo monto es secreto.
Las empresas que han construido estos nuevos CEFERESOS son: CEFERESO No. 11 Hermosillo, Sonora, ICA, CEFERESO No. 12 Ocampo, Guanajuato, ICA, CEFERESO No. 13 Miahuatlán, Oaxaca, GIA, CEFERESO No. 14 Gómez Palacio, Durango, empresa Prodemex, CEFERESO No. 15 Ramos Arispe, Coahuila, empresa Tradeco, CEFERESO No. 16 Cuatlán del Río, Morelos, Homex, CEFERESO No. 17 Villa de Comaltitlán, Chiapas, Homex con Arendal-Umex-Antares, CEFERESO No. 18 Apatzingán, Michoacán, Prodemex, Complejo Penitenciario Federal Islas Marías, Nayarit No. 1, Homex, Complejo Penitenciario Federal Noroeste Tepic, Nayarit No. 2, ICA y Complejo Penitenciario Federal Papantla, Veracruz No. 3, Tradeco.
Unido a esta necesidad de mantener contentos a empresarios e inversores, es que los sistemas legislativos aumentan la penalidad para delitos “simples”, al mismo tiempo que realizar fuertes reformas en materia penitenciaria. Esas reformas, como lo hemos señalado antes, además de estar enfocadas en mantener el orden, en si están enfocadas en engordar las cárceles, para así seguir generando ganancias y pérdidas, pérdidas y ganancias. Como lo recalcamos, todo se complementa dentro de la cárcel y su mundo.
La cárcel, su estructura y una crítica unida a la totalidad de lo existente
Como bien lo sabemos, la estructura que da mantenimiento a las cárceles está conformada por mucha gente, desde el médico negligente hasta el custodio golpeador; desde el director de un penal, hasta la secretaria en sistemas penitenciarios; pero también hay quienes permanecen ocultos, empresarios y empresas que se benefician de la tortura. Por esto mismo creemos que es necesario, además de siempre mantener presente el discurso ético y teórico contra la cárcel, hablar de ellas como lo que en la actualidad son: grandes empresas con sus directivos, fábricas con sus explotados y explotadores, barrios con sus policías, sus normas y sus castigos.
Es por lo mismo que el análisis contra la cárcel se debe de complementar con muchos aspectos, la crítica debe forjarse no solo de análisis teóricos o económicos, sino también de los aportes, vivencias y experiencias de todos quienes han vivido en carne propia las mazmorras del Estado-Capital. Y ese aporte, esa crítica y ese discurso contra la cárcel debe estar directamente ligado a la crítica de la totalidad de lo existente, a modo de no hacer de la lucha carcelaria y del ataque un ataque únicamente contra la estructura de la cárcel, dejando al margen todo lo que la genera. Pero también, ese aporte que se complementa de muchos factores, debe de enfocar una crítica y ataque integro, no sólo para no hacer de la lucha contra la cárcel una lucha parcial y centralista o un asistencialismo basado en la caridad, sino una lucha enérgica única contra el Estado-Capital en su totalidad.
Señalar a empresas y empresarios, para hacer más visible su participación en ese sanguinario negocio puede corresponder en parte a una lucha específica contra la cárcel bajo una perspectiva insurreccional, más no quiere decir enfocar la crítica de manera centralista, dejando al margen los demás pilares de la dominación para convertirnos en especialistas anticarcelarios; sino bajo la perspectiva de que cuando atacamos a quienes construyen los centros del dominio, atacamos a la cárcel y su mundo, atacamos al Estado-Capital, atacamos al poder y vamos recuperando nuestras vidas en cada instante.
Como bien lo dijo un viejo compañero cuando se le cuestiono: Entonces, ¿Qué se puede hacer?: ¡Hay que atacar! ¡Atacar la mercancía! Porque todo lo que existe en este mundo es mercancía y está fundado sobre la idea asquerosa del poder de que no somos individuos, sino números.
México, Septiembre 2015
Tomado de la Revista anarquista Negación